Resulta un fango pestilente. En el modo, en las formas, en
el fondo, en los tiempos.
El destino fraudulento de un dinero público siempre supone
un dolo gravoso a la ética, pero quizá este caso aún escueza más.
Un dinero público destinado en su origen a respaldar
económicamente a empresas obligadas a presentar un ERE, a facilitar
prejubilaciones o realizar despidos que
ha acabado en manos privadas que poco o nada tenían que ver con el objeto de
las ayudas. Inmoral y cortijero.
Y es que en este caso se mezcla de manera vergonzante lo
público y lo privado, la justicia y la política, la información y los
intereses, haciendo ver que la ciudadanía, una vez más, importa lo que una
pompa de jabón electoral, que explota una vez emitido el voto.
Con maneras propias de cortijo, algunos dirigentes
socialistas, sus adláteres, sus próximos, creyeron en su momento que este territorio llamado
Andalucía era propio, más de dos décadas alimentándose de los pesebres de un
gobierno de color único pueden confundir a cualquiera, lo que les otorgó el
poderío confianzudo de creerse capaces de solventar sus tejemanejes sin
injerencias. La actitud fuera de los juzgados de personajes como el ex director
de Trabajo, Javier Guerrero, o el ex dirigente de UGT, Juan Lanzas, son más
propias de las bravuconadas mafiosas que de responsables políticos o judiciales.
El gesto, las formas, las palabras. Pero
Andalucía no es un cortijo. La justicia, teledirigida o no, ha llegado, y pese
a que desde el PSOE-A se le reste importancia y se intente desviar la atención
hacia otro foco, otros motivos (personales, cansancio, relevo generacional),
algo ha tenido que ver en la espantada de Griñán.
Y aquí aparece una
segunda pata de este banco, la zafiedad del uso político de las directrices
judiciales.
Y es que la oportunidad política en la que se ven envueltas
las órdenes, autos y dictámenes marcados por la juez del Caso, Mercedes Alaya,
siempre coincidentes con movimientos decisivos del Partido Socialista de
Andalucía y de la propia Junta, han estado desde el primer momento en el
disparadero. En hasta 13 ocasiones los autos y llamamientos a declarar de la
juez han coincidido con citas electorales claves. La "imputación
delegada" a Griñán y Chaves, conocida a través de los medios y del PP-A,
en la jornada de investidura del nuevo gobierno andaluz ha sido su mejor
momento "apropiado".
Así, el tejido de la corrupción de este Caso de los ERE
alcanza, presuntamente, a todos aquellos órganos en los que la ciudadanía
deposita su confianza cuando se siente indefenso ante una situación de despido:
sindicatos, abogados, intermediarios, políticos, consultoras, administración...
Y este tufo de desconfianza alcanza a la propia justicia, donde la idoneidad de
las revelaciones se intuye precariamente imparcial.
Caso abierto el de los ERE, todas estas cuestiones, en las
que la mayoría quedará sin respuesta, por contestar:
¿Hasta dónde llega la implicación política en el caso de los
ERE? ¿Cómo se puede montar una trama así durante años sin que nadie de la voz
de alarma? ¿Qué va a ocurrir con el dinero asignado de manera fraudulenta a
privados? ¿Cómo se compensará a las empresas, personas y familias que no se
pudieron subvencionar? ¿Qué favores han logrado los "conseguidores"?
¿Qué filiación política-económica tienen los conseguidos? ¿Hasta dónde llegan
los sobornos y quiénes han sido los presuntamente sobornados?
¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando todo alrededor parece
hundido en el fango de la codicia y de la podredumbre? Las próximas elecciones
darán la repuesta a esta pregunta. Y cuando la desbandada de las urnas sea la
auténtica mayoría, los dos partidos mayoritarios seguirán preguntándose porqué
y tendrán la desfachatez pre y postelectoral de apelar a la conciencia
democrática de la ciudadanía sin hacer un ápice de autocrítica.
En el año 2001 la Junta de Andalucía decidió comenzar un
procedimiento para respaldar empresas ahogadas económicamente y que su tránsito
hacia la recuperación o su desmantelamiento fuera lo menos traumático para la
parte más débil, los trabajadores. Se destinaron cerca de 721 millones de
euros, ampliables a 1.217 millones de dinero público. De todos ellos, se calcula que 136 millones
de euros no llegaron a sus destinatarios y que se desviaron hacia:
prejubilaciones presuntamente fraudulentas (personas que nunca habían trabajado
en las empresas afectadas por los ERE) 12, 3 millones de euros; subvenciones a
empresas que no habían presentado ningún ERE (incluso a personas que no habían
creado ninguna empresa), 73, 8 millones de euros; comisiones a intermediarios entre
la Junta de Andalucía y los trabajadores, sindicatos, abogados, consultoras,
entre 50 y 68 millones de euros.
LA NUEVA ESPAÑA: http://www.lne.es/espana/2013/
FARO DE VIGO: http://www.farodevigo.es/
LA OPINIÓN DE ZAMORA: http://
Y LA OPINIÓN DE MÁLAGA : http://
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