Con sangre entra

Parece que el ministro Wert desea con ahínco aplicar el tan popular refrán de "la letra con sangre entra" para imponer, a base de rodillo parlamentario, una nueva ley educativa que a todas luces nadie quiere.

La educación pública es una piedra totémica del desarrollo del estado del bienestar. Una educación para todos que garantiza la igualdad de oportunidades, que concita la conciliación social y que ofrece a los estudiantes y sus familias la posibilidad de un futuro mejor. El desarrollo profundamente ideológico de la ley Wert, íntimamente ligado a la elitización del desarrollo educativo, puede terminar con este axioma fundamental y transversal tan necesario para el desarrollo social igualitario. Educación de calidad para todos por igual.

La crisis y su contexto son un argumento fieramente poderoso para colocar sobre el tapete la necesidad de los cambios con los recortes como herramienta quirúrgica para soslayar la situación económica. Se razona que el sistema se tambalea y que es necesario buscar una alternativa. Y esa alternativa pasa por excluir de la educación pública a una gran masa social para permitir la permanencia de una minoría de élite capaz de abordar el nuevo peaje.

Los datos son abrumadores. En los últimos dos años las tasas de matriculación universitaria han aumentado un 60% y la matrícula en formación profesional un 122%; los máster deben sufragarse por el alumnado en un 50%, si son baratos quizá una familia podría asumir el gasto pero si son caros sólo podrá acceder a ellos una minoría. La nueva ley también afecta a las ayudas y el rendimiento académico elevando del 5,5 al 6,5 la nota mínima obligatoria para poder recibir otras ayudas además de la matriculación. Y a las becas de residencia y renta, bajando en torno a 1500 euros las ayudas para el alumnado proveniente de fuera de cada comunidad autónoma que el curso pasado podían llegar a los 6.500 euros. Y en un retruécano que raya lo inquisitorial, el ministerio ha elaborado un listado de estudiantes morosos que deberán devolver la cuantía de las becas recibidas e impagadas.

Con estos mimbres se puede confirmar la detonación definitiva de la enseñanza pública entendida como uno de los valores de equilibrio e igualdad forjados por el estado del bienestar. Sólo podrán acceder a la enseñanza universitaria y profesional aquellos que reúnan las condiciones económicas necesarias.

Esto en lo que respecta a la enseñanza universitaria, en infantil y primaria y bachillerato el sesgo ideológico pesa aún más. Segregación por sexos, religión como asignatura puntuable y obligatoria, modelos lingüísticos impuestos, las competencias de las comunidades autónomas recortadas. La lista de posibles agravios se extiende ad infinitum. Po no entrar a valorar la precarización laboral del personal docente y no docente, que comienza a rayar lo espartano.

El detonante ha sido la ley Wert, la forma de imponer su doctrina y su reforma, sin consenso, sin el apoyo de ninguno de los grupos parlamentarios, sin el concurso  de los sindicatos de educación, sin escuchar a la ciudadanía que clama por un cambio, sin atender a las voces de los profesionales de la docencia. 

Pero el problema es viejo y manido.

España ha padecido 12 reformas educativas en 35 años de democracia: LGE, la LODE, la LOGSE, la LOCE, la LOE... y desde esta semana la LOMCE. Ninguna de ellas ha cuajado y los resultados de los sucesivos informes pisa son claudicatorios, ninguna ha obtenido los resultados deseables.

El problema, quizá sea al final, que la educación ha servido en España como un arma arrojadiza, como un instrumento de imposición ideológica y no ha buscado el consenso de todos para el bien común: una enseñanza pública de calidad que estuviera por encima de las siglas de los diferentes gobiernos y que garantizara una formación de excelencia para todos. No es así. Y no lo será en el futuro.

Pero queda la advertencia: la educación por imposición y adoctrinamiento sólo enseña una cosa.

Publicado el 24 de octubre de 2013 en los medios digitales de Editorial Prensa Ibérica a través de La Opinión de Málaga.

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